sábado 06 de junio del 2020
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Economía agiliza la tramitación de los incentivos al desarrollo industrial de IDEA para minimizar los efectos del coronavirus

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La eliminación de trabas se suma al incremento de 9 millones acordado por el Consejo de Gobierno para este programa de ayudas con el fin de facilitar el teletrabajo de las empresas durante la cuarentena

La Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad ha simplificado trámites y reducido requisitos administrativos injustificados del Programa de subvenciones para el Desarrollo industrial, la Mejora de la competitividad, la Transformación digital y la Creación de empleo en Andalucía 2017-2020, gestionado por la nueva Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA). El Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento de esta medida con la que se pretende facilitar el acceso de los emprendedores a la actividad productiva y favorecer el desarrollo de proyectos empresariales en un contexto económico muy afectado por la incidencia de la crisis sanitaria generada por el COVID-19.

Esta decisión encaminada a racionalizar y agilizar la tramitación de dicha línea de financiación pública se suma a la reciente ampliación de su presupuesto con nueve millones adicionales acordada por el Consejo de Gobierno con el fin de facilitar el teletrabajo en el periodo de cuarentena.

Las modificaciones introducidas en la orden reguladora del programa afectan, fundamentalmente, a la obligación que tiene la empresa de demostrar su capacidad económica-financiera para afrontar el proyecto de inversión planteado en la solicitud. A partir de ahora sólo se solicitará la documentación acreditativa de dicha solvencia en la fase de análisis del proyecto, antes de la resolución de la ayuda. Previamente, esa información se exigía, además de en esa ocasión, también en la fase de justificación de la actuación que había realizado la empresa, justo al final del procedimiento. Incluso, en ambos casos, se pedía que el estado contable de la entidad empresarial fuera el mismo, lo que podía llegar a ser un impedimento para el pago de los incentivos públicos, teniendo en cuenta que, en la legislatura anterior, los procesos de tramitación y concesión se ralentizaron considerablemente.

Otra de las novedades introducidas hace alusión a la deslocalización. Así, la empresa deberá presentar una declaración responsable de que no ha efectuado el traslado de su actividad industrial hacia la ubicación en la que tendrá lugar la actuación prevista en los dos años anteriores a la solicitud. Además, deberá comprometerse a no hacerlo en los dos años siguientes desde que se haya completado la inversión para la que pidió las ayudas.

Igualmente, se excepciona de la condición general de no encontrarse en situación de crisis para optar a los incentivos a las pequeñas empresas de nueva creación. Hasta ahora, ese requisito se exigía para todas las empresas, de acuerdo con lo establecido por la  normativa de la Comisión Europea. Con la modificación, quedan exentas las entidades que reúnan las siguientes características: una antigüedad no superior a cinco años, no superar los 50 trabajadores, poseer unos activos inferiores a 43 millones de euros y unas ventas inferiores a 50 millones. Además, tendrán que estar debidamente registradas e inscritas, no haber repartido beneficios y no haber formado parte de un proceso de concentración con otras pequeñas empresas.

Igualmente, la orden modificada también elimina la obligación de estampillado de los documentos originales justificantes de los gastos.

Esta reducción de trabas administrativas favorece la rapidez de respuesta de la Administración, a la vez que garantiza la protección de los intereses generales, puesto que contiene la regulación imprescindible, de acuerdo con el resto del ordenamiento jurídico.

La medida está en consonancia con los objetivos marcados por el Plan para la Mejora de la Regulación Económica impulsado por el consejero Rogelio Velasco en esta legislatura, con la finalidad de mejorar la eficiencia y eficacia de la intervención pública en la economía para promover el crecimiento, a través de la inversión productiva y la creación de empleo. Este plan ya está teniendo sus resultados: el primero de ello fue la aprobación a finales de 2019 de una batería normativa para favorecer la tramitación de los proyectos estratégicos en la comunidad. Esa iniciativa se ha completado con la aprobación reciente de una reforma legal de calado, puesto que agiliza 21 leyes y seis decretos e incluye un centenar de medidas, entre simplificación de procedimientos, eliminación de barreras o modificación de tasas.

Más recursos para paliar el coronavirus

El Programa de Desarrollo industrial constituye el principal instrumento de apoyo al progreso empresarial y cuenta actualmente con un presupuesto de 174 millones -cofinanciados con Fondos FEDER-, después de que el Consejo de Gobierno aprobara su ampliación con nueve millones en el marco del paquete de medidas impulsadas para paliar los efectos del coronavirus. Ese incremento de dotación persigue facilitar que las pequeñas y medianas empresas se doten de los medios técnicos necesarios que posibiliten el trabajo no presencial de su personal.

En ese conjunto de medidas presentado por el Gobierno andaluz, también se ha aprobado una línea de avales de 20 millones de euros, gestionada por la nueva Agencia IDEA y con la que se garantizará hasta el 80% de las cuantías de los préstamos solicitados por pymes, micropymes y autonómos. Con ello se busca paliar la falta de liquidez a consecuencia de la situación económica derivada del periodo de cuarentena.

Balance del Programa de Desarrollo industrial

La simplificación de esta línea de incentivos es otro paso más en el proceso de reestructuración y reactivación de la nueva Agencia, una intervención que ha posibilitado duplicar el ritmo de tramitación de las ayudas europeas gestionadas por dicho ente y dirigidas al desarrollo empresarial. Así, a través de este programa se han aprobado y calificado positivamente 1.031 proyectos, lo que supone la concesión de 90,9 millones en ayudas, la generación de una inversión empresarial que supera los 285,5 millones y la creación y mantenimiento de 14.226 empleos.

Las cifras alcanzadas por esta línea de subvenciones implican que por cada euro público se facilitan más de tres euros de inversión privada. IDEA ha duplicado su ritmo de tramitación, pasando a gestionar una media de 100 proyectos mensuales frente a los 54 de la etapa anterior; y pasando a aprobar una media de 40 proyectos al mes frente a los 21 anteriores, lo que implica 2,1 millones de euros mensuales en incentivos, frente al millón de la legislatura anterior.

Al margen de este programa, IDEA también ha marcado un nuevo impulso al dedicado a la Investigación industrial, Desarrollo experimental e Innovación empresarial en Andalucía (I+D+i empresarial). A través de esta línea, se han aprobado 96 iniciativas, con una subvención propuesta de 16,2 millones y una inversión privada inducida de más de 68,5 millones. La nueva Agencia lanzará próximamente nuevas convocatorias de subvenciones acogidas a este instrumento que contarán con un presupuesto de 84 millones.

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