lunes 13 de julio del 2020
VEOLINARES

Consumo recuerda que las eléctricas no pueden realizar visitas a domicilio para ofrecer sus servicios sin cita previa

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Si se recibe una visita no autorizada se puede interponer una denuncia ante las autoridades de consumo

Ante los incumplimientos detectados por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) por parte de algunas empresas eléctricas que continúan realizando visitas a domicilio para ofrecer sus servicios, la Dirección General de Consumo de la Consejería de Salud y Familias recuerda a la ciudadanía que esta práctica está prohibida desde el pasado mes de octubre, y que únicamente se podrán realizar visitas a domicilio para realizar ofertas comerciales con cita previa.

Esta prohibición se aplica a las empresas comercializadoras de electricidad y de gas natural, e impide que puedan ofrecer publicidad no solicitada sobre sus productos o contratación directa de los servicios en visitas domiciliarias, salvo que la persona haya solicitado expresamente y por iniciativa propia concertar una cita con esa finalidad. Si se recibe alguna visita de este tipo sin que haya habido solicitud previa se podrá interponer la correspondiente denuncia al tratarse de una práctica ilegal.

En caso de aceptar una visita de este tipo por parte de una comercializadora de electricidad o gas natural, o ante la visita de una empresa de otro sector que se persone en el domicilio para ofertar sus productos o servicios, es siempre recomendable comprobar la identificación de la misma solicitando la documentación que acredite que pertenece a la empresa en cuestión. Además, es conveniente comprobar la veracidad de la oferta realizada llamando a la compañía por teléfono.

En todo caso, nunca se deben facilitar facturas ni documentos personales de identificación para evitar posibles estafas o fraudes, puesto que se pueden utilizar para extraer los datos necesarios para contratar algún producto o servicio sin el conocimiento de la persona interesada.

También se deben leer detenidamente las condiciones del contrato facilitado, y tomarse tiempo antes de firmar para comparar precios con otras compañías y valorar si la oferta resulta de interés. Antes de proceder a la firma del contrato, la empresa deberá ofrecer la denominada información precontractual, donde se detallen de manera clara y comprensible todos los elementos a tener en cuenta.

Entre otras cuestiones, se deberá informar adecuadamente de la existencia del derecho de desistimiento, por el que (con carácter general) se podrá rescindir el contrato en el plazo de 14 días naturales, sin tener que indicar el motivo y sin incurrir en coste alguno o penalización. Si la empresa no ha facilitado la información sobre este derecho, el periodo de desistimiento finalizará 12 meses después de la fecha de expiración del periodo de desistimiento inicial.

Para ejercer este derecho no se recomienda utilizar la vía telefónica, sino optar por algún medio que permita dejar constancia de la solicitud como correo certificado, burofax o medios electrónicos. Si han pasado los plazos de desistimiento, ante la contratación no deseada se puede interponer una denuncia ante la Administración de Consumo, así como la oportuna reclamación para resarcir los posibles perjuicios económicos que se haya podido sufrir.

Ante cualquier duda o consulta en materia de consumo, la ciudadanía puede contactar con Consumo Responde, un servicio gratuito de información general a las personas consumidoras y usuarias, impulsado por la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía. Se trata de un servicio multicanal, al que se puede acceder de forma continuada a través del número de teléfono 900 21 50 80, de la página web www.consumoresponde.es, del correo electrónico (consumoresponde@juntadeandalucia.es); del perfil de Twitter (@consumoresponde); y el de Facebook (https://www.facebook.com/consumoresponde/).

También se puede recibir asesoramiento en los Servicios Provinciales de Consumo de las delegaciones territoriales de Salud y Familias presentes en todas las capitales de provincia, así como en las Oficinas Municipales de Información al Consumidor (OMICs), y en las organizaciones de personas consumidoras y usuarias.

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