lunes 06 de julio del 2020
VEOLINARES

Andalucía solicita la convocatoria urgente del CPFF para atender la crisis del coronavirus

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Seis CCAA remiten una carta conjunta al Ministerio de Hacienda para abordar la aportación estatal de recursos adicionales

La Junta de Andalucía ha solicitado la convocatoria urgente del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para abordar la aportación de recursos adi – cionales por parte del Gobierno central, así como la articulación de los meca- nismos financieros necesarios para que las comunidades autónomas puedan hacer frente a la doble crisis que enfrentan por el coronavirus, la sanitaria y la económica.

Entre las medidas que el Gobierno andaluz considera necesarias para comba – tir la situación actual, se encuentra la creación de un fondo no reembolsable adicional a los recursos procedentes del Sistema de Financiación Autonómica y sin más condicionalidad que la de servir para combatir la pandemia en todas sus vertientes, tanto sanitaria como económica, así como la suspensión de la liquidación del año 2020 del Sistema de Financiación Autonómica.

Asimismo, la Junta señala la necesidad de que se agilice cuanto antes la gestión de fondos europeos, de modo que este año se puedan ya certificar gastos de personal y material sanitario, al tiempo que urge la llegada de nuevos fondos procedentes de Europa a las comunidades autónomas procedentes del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), el Fondo de Solidaridad de la UE o la financiación adicional del Banco Europeo de Inversiones. De la misma manera, reclama que se establezca un mecanismo ágil de ejecución de cara a la reprogramación de fondos europeos.

Así se lo han trasladado los consejeros de Hacienda de las comunidades de Galicia, Castilla y León, Murcia, Ceuta, Madrid y Andalucía a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a través de una carta conjunta que han enviado hoy al Ministerio. Las seis comunidades autónomas consideran prioritario que el Gobierno de la Nación adopte medidas rápidas y eficaces para ayudar a las autonomías a afrontar esta crisis, que está requiriendo de “un esfuerzo presupuestario sin precedentes”.

La  necesidad  de  modificar  las  reglas  de  estabilidad  presupuestaria  para excluir del cómputo de déficit y deuda todos los gastos asociados al COVID-19 autorizando, además, el endeudamiento necesario para hacer frente a dichos compromisos, es otra de las medidas que reclama Andalucía, que considera que la suspensión temporal de los objetivos fiscales que aplica la UE a los Estados miembros debe extenderse a las comunidades autónomas.

Todo ello, sin olvidar las cantidades pendientes de abonar a las comunidades como consecuencia de la no devolución del mes 13 del IVA o la reciente anulación del reparto de fondos destinados a políticas activas de empleo, acordada de forma unilateral por parte del Gobierno.

La misiva recuerda que esta coyuntura exige la aplicación de políticas fiscales expansivas de resultado inmediato para, una vez la economía se reactive, volver al rigor presupuestario y la sostenibilidad financiera, siendo este momento el adecuado para movilizar de manera coordinada todos los ahorros públicos de las administraciones, especialmente en el ámbito local.

Las comunidades autónomas piden al Estado que, al igual que ellas están adoptando medidas tributarias excepcionales para ampliar los plazos de tramitación y pago de los impuestos propios y cedidos, y agilizar la devolución de los ingresos, el Gobierno central atienda la reclamación de empresas y autónomos de agilizar durante el mes de abril todas las devoluciones del IVA correspondientes al año 2019 o anteriores, y de las correspondientes a los meses de enero y febrero de 2020, en el caso de las devoluciones mensuales.

Finalmente, la carta recoge que los efectos del coronavirus en la economía no deben entenderse como una renuncia a la consecución de los objetivos climáticos, sino como una oportunidad para desarrollar una coordinación efectiva  entre  la Administración  estatal  y  la  autonómica  que  contribuya  a acelerar la Agenda 2030 de la UE y utilizar el Pacto Verde Europeo como una palanca de inversión para el crecimiento económico y el empleo.

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